La justicia británica declaró «ilegal» enviar a Ruanda, nación africana a 6.500 km de Londres, a solicitantes de asilo llegados irregularmente al Reino Unido, asestando un golpe a este controvertido proyecto del gobierno, quien anunció que apelará al Tribunal Supremo.
Tres magistrados del Tribunal de Apelación de Londres revocaron un fallo precedente por considerar que Ruanda no puede ser considerado «un país seguro».
Según dos de ellos, las deficiencias del sistema de asilo ruandés implican un «riesgo real» de que los refugiados sean devueltos a su país de origen y sufran persecución o tratos inhumanos.
«A menos que se corrijan las deficiencias de sus procedimientos de asilo y hasta que no se corrijan, la expulsión de solicitantes de asilo a Ruanda será ilegal», afirmaron.
Los magistrados precisaron «que su decisión no implica opinión alguna sobre los méritos políticos o de otro tipo de esta política», considerando que «esa es una cuestión que compete exclusivamente al gobierno».
El primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció poco después que pedirá «permiso para recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo» por considerar que «el gobierno ruandés proporcionó las garantías necesarias».
«La política de este gobierno es muy sencilla, es este país, y su gobierno, quien debe decidir quiénes vienen, no las bandas de criminales», afirmó, insistiendo en que «Ruanda es un país seguro».
También Ruanda dijo «discrepar» con la sentencia y aseguró que «sigue plenamente comprometida» con el plan.
– Represión –
La oenegé Human Rights Watch pidió a la ministra del Interior, la ultraconservadora Suella Braverman, que «abandone este sueño febril impracticable y contrario a la ética».
Pero esta se declaró «determinada a lograrlo». «No retrocederé», afirmó.
El controvertido proyecto, anunciado en 2022 por el entonces primer ministro Boris Johnson, fue inicialmente bloqueado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) obligando a abortar el despegue del primer avión en junio del año pasado.
Desde entonces ha estado enzarzado en recursos judiciales en el Reino Unido, por lo que nadie fue deportado.
La Alta Corte de Londres lo declaró legal en diciembre, pero el Tribunal de Apelación admitió a trámite este recurso presentado por diez solicitantes de asilo –procedentes de Siria, Irak, Irán, Vietnam, Sudán y Albania– y la oenegé de ayuda a los refugiados Asylum Aid.
Defensores de los derechos humanos acusan a Ruanda –país gobernado con mano de hierro desde 2000 por el presidente Paul Kagame tras el fin del genocidio en el que murieron unas 800.000 personas– de reprimir la libertad de expresión y la oposición.
– Disuadir –
Como sus predecesores Boris Johnson y Liz Truss, Sunak –nieto de inmigrantes indios– considera una prioridad reducir la inmigración al Reino Unido, una de las grandes promesas del Brexit.
Su gobierno quiere ilegalizar las solicitudes de asilo de quienes lleguen de forma irregular y enviar a esas personas a terceros países «seguros», como Ruanda.
Con este programa, el ejecutivo británico busca disuadir a los migrantes de cruzar irregularmente en pequeñas embarcaciones desde las costas de Francia, una de las rutas más peligrosas del mundo por su gran tráfico de cargueros.
El número de estas travesías se disparó en los últimos años.
Más de 45.000 migrantes llegaron irregularmente a las costas inglesas en 2022, un aumento del 60% respecto a 2021. Más de 11.000 personas lo han hecho ya desde principios de 2023.
El proyecto de ley se está debatiendo actualmente en el Parlamento y para convencer a los legisladores el gobierno publicó el martes una evaluación de su impacto financiero.
Esta señaló que el coste inicial de trasladar a una persona a un tercer país sería de unas 169.000 libras (210.000 dólares) pero el Estado ahorrarían entre 106.000 y 165.000 libras durante cuatro años por cada refugiado que no llegue a suele británico o sea expulsado.
El informe admite sin embargo que son cifras «muy inciertas» y que el plan debería disuadir al 37% de los irregulares actuales para ser rentable.
AFP.