Naciones Unidas acusó este viernes al gobierno británico de falta de honestidad en sus planes de expulsar a Ruanda a los migrantes llegados clandestinamente al país, independientemente de su origen, en una vista judicial en Londres pocos días antes del primer vuelo.
En virtud de una controvertida ley que entró en vigor en abril, el Reino Unido tiene previsto enviar a ese país del este de África, situada a 7.000 kilómetros de Londres, a los solicitantes de asilo que hayan entrado ilegalmente en el país.
El primer vuelo está previsto el 14 de junio.
El viernes, la Alta Corte de Londres examinó el proyecto, denunciado por grupos de defensa de los derechos humanos y que, según el gobierno de Boris Johnson, busca disuadir el creciente número de personas que cruzan ilegalmente el canal de la Mancha.
Laura Dubinsky, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), afirmó durante la vista que el organismo está preocupado por el riesgo de «daños graves e irreparables» a los refugiados que sean enviados a Ruanda.
Y añadió que la agencia «no aprueba en absoluto» el proyecto.
«ACNUR no participa en el acuerdo entre el Reino Unido y Ruanda, a pesar de las afirmaciones de la ministra en sentido contrario», dijo, acusando al gobierno británico de hacer declaraciones engañosas.
Un sindicato y dos oenegés, Care4Calais y Detention Action, presentaran el miércoles un recurso legal urgente, junto con cuatro solicitantes de asilo, para bloquear su envío a Ruanda.
Según Care4Calais, unos 35 sudaneses, 18 sirios, 14 iraníes, 11 egipcios y 9 afganos que huyeron de los talibanes se encuentran entre los más de 130 solicitantes de asilo a los que se les notificó su posible expulsión el 14 de junio.
Sin embargo, más de 90 de los migrantes afectados ya han presentado recursos legales para permanecer en el Reino Unido, según los abogados.
AFP