Dina Boluarte, mandataria de Perú, renunció este martes a su inmunidad presidencial para así enfrentar la denuncia constitucional que presentó contra ella Patricia Benavides, fiscal general de ese país.
Así lo dio a conocer en una entrevista Eduardo Arana, ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú.
«La presidenta nos ha señalado en consejo de ministros y públicamente que renuncia a esa inmunidad para poder enfrentar justamente la denuncia. Ella no teme que efectivamente se demuestre que no tiene una responsabilidad penal en los hechos que ocurrieron», explicó.
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Según el ministro, tal posición de Boluarte es un «acto democrático». Dice que ello deja constancia del «compromiso» del gobierno de Perú en que se «conozca la verdad», según lo reseñado por NTN24.
«Lo importante es que se sepa la verdad y la presidenta ha dicho: ‘Yo me someto a la verdad. Renuncio a esta protección que tengo’. No es un simple gesto, es un acto en democracia que implica que la señora presidenta y sus ministros estamos comprometidos con el país y la verdad», enfatizó.
A Dina Boluarte se le acusa de homicidio por ser presuntamente responsable de la represión en protestas en su contra. Estas dejaron un saldo de 50 fallecidos tras su llegada al poder.
La acusación, que podría conducir a su destitución, se produce en momentos que la fiscal enfrenta graves cuestionamientos internos a su gestión con pedidos de renuncia hechos por altos magistrados del Ministerio Público.
«No se debe permitir la muerte de ninguna peruana ni peruano, así como tampoco el abuso de poder», agregó Benavides, quien dijo además que otros fiscales buscan desprestigiarla.
La denuncia contra Boluarte se activó luego que Benavides fuera acusada por una fiscal de encabezar una presunta red criminal enquistada en la cúpula de la fiscalía, desde donde supuestamente ejerció un tráfico de influencias con el Congreso e intercambió favores políticos.
En ese contexto, Benavides ha dicho que no renunciará mientras la Junta Nacional de Justicia evalúa su permanencia en el cargo.
– «Es una maniobra política» –
En su primera reacción pública, la presidenta peruana calificó la denuncia de «maniobra política» con la que «se pretende distraer una denuncia gravísima contra la propia fiscal» Benavides.
Boluarte manifestó su «extrañeza» de que la denuncia haya sido interpuesta «luego de que la ciudadanía tomara conocimiento de los allanamientos y detención del equipo (de asesores) de Benavides por presuntos actos de corrupción».
«Somos enemigos de la corrupción y de la impunidad», agregó.
La fiscal era percibida hasta ahora como una aliada de la coalición conservadora del Ejecutivo y el Congreso desde el inicio del actual gobierno.
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La presidenta peruana evitó expresarse sobre el fondo de la acusación y su presunta responsabilidad en la muerte de los manifestantes. Según la acusación fiscal, los jefes militares y policiales declararon que Boluarte estaba informada de la represión. Ella lo niega.
«Es sospechoso y grave que hoy lunes se presente la denuncia luego que el viernes pasado se prolongó por ocho meses la investigación», acotó.
Otárola criticó a la fiscal Benavides por tratar de desviar la atención al presentar una denuncia constitucional contra él y la mandataria.
«Estamos dispuestos a someternos a cualquier investigación. Si ha decidido denunciarnos ante el Congreso, voy a ir a declarar junto con la presidenta Boluarte a las citaciones porque quien es inocente se comporta como inocente», dijo Otárola a la radio RPP.
– 11 meses investigada –
La fiscalía empezó la investigación contra Boluarte en enero por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves». En septiembre, la gobernante compareció por tercera vez ante fiscales.
Para que el Congreso apruebe la denuncia contra la presidenta se requiere de un proceso parlamentario que puede durar hasta tres meses.
Las manifestaciones antigubernamentales estallaron el 7 de diciembre, cuando Boluarte asumió la presidencia tras la destitución del izquierdista Pedro Castillo por su frustrado intento de disolver el Congreso, gobernar por decretos y convocar a una Asamblea Constituyente.
Las protestas se extendieron hasta marzo y murieron 54 personas, incluidos seis soldados que perecieron ahogados en un río cuando intentaban huir de campesinos que los atacaron con piedras en Puno, la ciudad en el sureste que fue epicentro de las movilizaciones.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una veintena de las víctimas falleció por impactos de bala disparados por las fuerzas militares enviadas a controlar las manifestaciones.
Castillo cumple prisión preventiva en Lima, a la espera de que la justicia decida su eventual llamado a juicio.
Con información de AFP