Ecuador sostuvo que la autorización presidencial para el uso civil de armas ante una ola de criminalidad creciente «no implica libertad absoluta» para su posesión y destacó que trabaja en una norma que regule su porte.
«Los ciudadanos podrán tener acceso a un arma de fuego tipo pistola o revólver, para su protección, previa autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas», señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado, en el que citó la ley vigente.
Luego de que el presidente Guillermo Lasso anunciara el sábado que modificó un decreto para autorizar «la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal» de acuerdo a ley, organizaciones sociales y universidades públicas y privadas criticaron la decisión.
«Esta medida implica riesgos imprevisibles y pretende aplicarse sin tomar en cuenta las advertencias sobre estos posibles riesgos», anotó en una carta la Universidad Central del Ecuador (UCE), con sede en Quito y la mayor a nivel estatal.
La UCE advirtió que la venta de armas a civiles «podría instaurar un peligroso conflicto de intereses».
La principal organización opositora, la indígena Conaie, tildó de «irresponsable» la medida de Lasso, quien en enero ordenó la reducción de impuestos de 300% a 30% para la importación de armas y municiones en medio de su lucha contra el narcotráfico y altos niveles de inseguridad.
El gobierno trabaja en la normativa que regulará el porte de armas en Ecuador, donde el narcotráfico se disputa las rutas para de transporte de drogas.
Los ciudadanos mayores de 25 años que requieran un arma para «defensa personal» deberán cumplir requisitos como no haber sido sentenciados por delitos y no registrar antecedentes de violencia de género, según la cartera de Defensa. Además deberán pasar por controles sicológicos y toxicológicos.
El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, explicó que Lasso autorizó el porte en las calles de armas obtenidas legalmente, que estaba prohibido.
Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador ha visto crecer a la par las muertes violentas y las confiscaciones de droga.
En el país, la tasa de homicidios casi se duplicó entre 2021 y 2022, pasando de 14 a 25 por cada 100.000 habitantes, según autoridades.
AFP.