La fiscalía peruana reprogramó el interrogatorio a la presidenta Dina Boluarte por su presunta responsabilidad en la represión a las protestas que dejaron 54 muertos tras la destitución de su antecesor, el encarcelado expresidente Pedro Castillo.
Boluarte había sido convocada el 31 de mayo, pero ese día participará en una actividad oficial pactada semanas atrás. Por ello la fiscalía postergó una semana la cita y ahora será el 6 de junio.
«Se ha reprogramado la audiencia del 31 de mayo por el simulacro de sismo, voy a acudir al Ministerio Público y no me voy a acoger al derecho al silencio», dijo Boluarte a la prensa.
La fiscalía la investiga por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves». Fue interrogada por primera vez en marzo.
El caso se abrió en enero por «las muertes de ciudadanos durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023».
La fiscalía intenta determinar la responsabilidad de Boluarte en la represión de las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
En caso de una acusación, la presidenta no podrá ser sometida a juicio hasta 2026 cuando culmine su mandato, según fija la Constitución.
En las protestas murieron 54 personas, incluidos seis soldados que perecieron ahogados en un río cuando intentaban huir de campesinos que los atacaron con piedras en Puno, epicentro de las protestas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en mayo la eventual ejecución y masacre de manifestantes durante la represión.
El organismo de la OEA señaló en un informe a los agentes del Estado por su presunta responsabilidad en «múltiples» muertes de civiles y pidió a la justicia peruana «investigar, juzgar y sancionar» a los responsables.
Boluarte cumplirá el 7 de junio seis meses en el poder tras sustituir como vicepresidenta a Castillo, detenido por el delito de rebelión tras ser cesado por el Congreso el 7 de diciembre por un fallido autogolpe de Estado.
AFP.