Fuerzas del expresidente ecuatoriano Rafael Correa ganaron el domingo las alcaldías de Quito y Guayaquil, mientras el gobierno de Guillermo Lasso reclamó por la «incertidumbre» que genera el lento escrutinio del referendo con el que busca dar paso a la extradición para combatir la criminalidad.
Sin resultados definitivos, la capital y Guayaquil, la segunda ciudad del país, quedaron en manos de políticos afines a Correa, férreo opositor de Lasso desde su asilo en Bélgica.
El referendo, que tenía como pregunta clave la aprobación de la extradición, no evidencia el respaldo que auguraban encuestas y gobierno. Con el 93% del cómputo de sufragios sobre la extradición, el No alcanza el 51% de los votos válidos frente al 49% del Sí, de acuerdo con resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Sin embargo, en provincias como Guayas o Manabí, ambas al oeste y con gran número de electores, el conteo de algunas preguntas de la consulta no llegaba ni a 1%.
«Además de resultar inexplicable, esta situación genera incertidumbre y confusión en la ciudadanía», señaló la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en una nota de prensa.
Agregó que el Ejecutivo estará «defendiendo siempre la voluntad expresada en las urnas».
Una encuesta de la empresa Cedatos, cerrada el sábado y difundida por varios medios tras concluir los comicios, estimaba que 66% de los ecuatorianos estaba a favor de la entrega de connacionales, prohibida en Ecuador desde hace ocho décadas.
– Un termómetro –
La gestión de Lasso, un exbanquero de derecha en el poder desde mayo de 2021, tiene una desaprobación del 80% de los consultados por Perfiles de Opinión en diciembre.
«Las elecciones en términos generales demuestran un rechazo de la ciudadanía al gobierno», comentó a la AFP Sebastián Donoso, analista político de la privada Universidad de las Américas (UDLA).
Precisó que los «referendos históricamente en Ecuador se han tomado como un sí o un no al gobierno de turno».
Pese al demorado escrutinio de las otras siete preguntas del referendo, ya puede evidenciarse el rechazo a todas las propuestas de Lasso para hacer reformas constitucionales en cuanto a seguridad, política y medioambiente.
Junto a la consulta, los ecuatorianos eligieron a unas 5.700 autoridades locales en un proceso marcado por la violencia que azota al país causa del narcotráfico y que dejó dos candidatos a alcaldías muertos.
El correísmo, de manos de Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga, alcanzó la alcaldía de Guayaquil y la prefectura (gobernación) de la provincia de Guayas. También recuperó el municipio capitalino con Pabel Muñoz y consiguió la reelección de la prefecta de Pichincha (capital Quito), Paola Pabón, para cuatro años más.
Así, Guayaquil -núcleo comercial de Ecuador- dejó de ser el fortín de las últimas tres décadas del derechista Partido Social Cristiano (PSC), exaliado de Lasso para las elecciones de 2021.
Ni siquiera Correa pudo frenar al PSC durante sus diez años de gobierno (2007- 2017). El exgobernante mantiene su poder pese a vivir en Bélgica desde hace seis años y haber sido condenado en 2020 a ocho años de cárcel por corrupción, por lo que sobre él pesa orden de captura.
Los comicios son «un indicio de que la Revolución Ciudadana tiene una estructura política que va más allá de la sola presencia de Correa», dijo a la AFP el politólogo Santiago Basabe, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Quito.
– Años difíciles –
El correísmo se hizo con al menos siete de las 23 prefecturas provinciales, anticipó Pabón. Mientras, el oficialista movimiento Creando Oportunidades (Creo) de Lasso perdió fuerza.
Con la oposición al frente de los gobiernos locales «van a ser años muy difíciles para la agenda del Ejecutivo y seguramente tendrá que gobernar en el día a día, sin pensar en la posibilidad de políticas de mediano plazo», sostuvo Basabe.
Lasso, elegido hasta 2025, impulsa la extradición de ecuatorianos involucrados en delitos del crimen organizado transnacional como herramienta para fortalecer su lucha contra el narcotráfico.
El objetivo no declarado del gobierno es la entrega de narcos a Estados Unidos, donde suelen permanecer presos muchos años. El vecino Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, aplica esta medida desde la década de 1990.
Revolución Ciudadana y Pachakutik, brazo político de la mayor organización indígena Conaie, promovieron el No para la consulta.
Lasso también planteó la reducción del número de diputados, ahora son 137; controles a cientos de movimientos políticos, algunos bajo sospecha de tener vínculos con el narcotráfico; la incorporación de los sistemas hídricos a las áreas protegidas, para luchar contra la minería ilegal; y la entrega de compensaciones para quienes protejan el medioambiente.
El Congreso tendrá un año para implantar los cambios constitucionales que sean aceptados mediante el referendo.
AFP.