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HRW pide a la ONU «aumentar presión» sobre el régimen de Ortega

La oenegé de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch exhortó el martes a la ONU a escalar su respuesta a la crisis en Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega detuvo en los últimos días a 17 opositores, incluidos cinco precandidatos presidenciales.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) debería incrementar la presión para proteger los derechos humanos y asegurar elecciones libres en Nicaragua, dijo HRW en un informe que detalla «hostigamientos», «arrestos» y «procesos penales arbitrarios» contra críticos de Ortega, en algunos casos implicando incluso «tortura».

El reporte de HRW, que incluye 53 testimonios recogidos telefónicamente entre enero y junio de este año, insta al secretario general Antonio Guterres a invocar el artículo 99 de la Carta de la ONU para plantear el caso de Nicaragua ante el Consejo de Seguridad, argumentando un peligro de inestabilidad en la región.

«Es fundamental que el secretario general potencie las acciones de la ONU y presente esta situación ante el Consejo de Seguridad», afirmó José Manuel Vivanco, director para las Américas de HRW, al difundir el informe.

Un portavoz de la ONU señaló el 9 de junio que Guterres estaba «profundamente preocupado por los recientes arrestos y detenciones» en Nicaragua, «así como por la inhabilitación de las candidaturas de opositores».

Cinco aspirantes a la presidencia fueron detenidos, además de otros 12 opositores, cuando faltan cinco meses para las elecciones generales del 7 de noviembre, en las que no se descarta que Ortega, en el poder desde 2007, busque un cuarto mandato sucesivo.

HRW denuncia que la reciente seguidilla de arrestos ha sido posible gracias a leyes «que debilitan a las instituciones y los procesos democráticos» y buscan mantener a críticos presos para impedir su participación política.

Ortega, un exguerrillero de 75 años, enfrenta desde abril de 2018 una crisis política detonada por protestas masivas pidiendo su salida. Estas manifestaciones dejaron 328 muertos, 2.000 heridos, 1.600 detenidos y más de 103.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la OEA.

HRW sostiene que «graves violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas y asesinatos» están impunes en Nicaragua, donde dijo que 124 personas percibidas como críticas a Ortega siguen detenidas arbitrariamente, la mayoría desde hace más de un año.

La última reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Nicaragua fue en septiembre de 2018 a instancias de Estados Unidos. Convocada como una sesión informativa, se desarrolló sin el consenso de sus 15 integrantes. Rusia y China denunciaron la «injerencia» de Washington en los asuntos internos de otra nación.

«Los altos funcionarios de la ONU y los países miembros interesados en promover los derechos humanos podrían prevenir una crisis regional si aumentan la presión sobre Ortega para que ponga fin ahora a la represión. Deben hacerlo ahora antes de que sea muy tarde», urgió Vivanco.

Managua afirma que las manifestaciones de 2018 fueron un intento de golpe de Estado contra Ortega.

 

Con información de AFP