La decisión del Tribunal Constitucional de Perú de liberar al expresidente Alberto Fujimori «afecta los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad», denunció este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se declara «preocupada».
En una sentencia inapelable, la corte ordenó el jueves liberar a Fujimori, condenado a 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos, al restituir un indulto que le fue otorgado en diciembre de 2017 y anulado diez meses después.
«La restitución del indulto daría lugar a la liberación de Fujimori y a la extinción de su pena, lo cual afecta los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, afecta su acceso a la justicia y lesiona su dignidad», afirma la CIDH en un comunicado.
Además «genera obstáculos para el cumplimiento integral de las sentencias» de la Corte Interamericana en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Tras ser extraditado desde Chile en 2007, Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000, fue condenado por las matanzas de Barrios Altos (15 muertos, incluido un niño) y La Cantuta (10 muertos), perpetradas por escuadrones militares durante su gobierno.
La CIDH recuerda que, en 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que los sucesos en La Cantuta constituyen «crímenes de lesa humanidad» y los de Barrios Altos «son graves violaciones a los derechos humanos». Añade que el derecho internacional prohíbe la aplicación de amnistías e indultos a personas que han sido declaradas culpables de crímenes de lesa humanidad.
En consecuencia, la CIDH, un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reitera que «el anuncio oficial de restitución de los efectos del indulto» sería «una decisión contraria a las obligaciones internacionales del Estado de Perú».
AFP.