En una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se discutieron y evaluaron las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, el secretario general Luis Almagro dijo que ante la situación que se presenta en el país centroamericano, «nos vemos obligados a pensar en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana».
La CIDH también denunció que se han cometido crímenes de lesa humanidad y recomendó aplicar el documento que contiene la columna vertebral de los valores que impulsa la OEA para proteger las democracias en la región. A esta recomendación también se unió Estados Unidos, a través de su embajador en la OEA, Carlos Trujillo.
La última vez que se invocó fue durante el gobierno de Enrique Bolaños, en 2004, cuando el actual presidente Daniel Ortega era un político opositor.
El representante de Nicaragua, Luis Ezequiel Alvarado, contrario a la posición del organismo, lamentó las intervenciones «injerencistas» de los países que estaban «alineados» con Estados Unidos. Rechazó la posición expresada por Almagro, a quien señaló que «además de extralimitarse, agrede los prototipos y principios que está obligado a defender. Por lo tanto, estas declaraciones lo descalifican de ser secretario de la OEA, cargo al cual debe renunciar».
Por su parte, Almagro agregó que «es una pena que uno de los últimos representes de la izquierda latinoamericana haya elegido el camino de la represión (…) asuman su responsabilidad, sean dignos; han perdido la credibilidad en la comunidad internacional; no pierdan la dignidad revolucionaria que alguna vez tuvieron (…) No se escuden en discursos infantiles que los desacreditan a ustedes mismos», señaló.
La sesión extraordinaria, que se llevó a cabo en el Salón Simón Bolívar de la OEA, fue presentado el informe de la CIDH sobre la crisis en Nicaragua y la vicepresidenta de la comisión, Esmeralda Arosemena de Troitiño, dijo que el informe final considera que la respuesta del estado a manifestaciones se dio en el marco de un ataque «generalizado y sistemático contra la población civil y el estado de Nicaragua» y aseguró que tiene conductas «que deben considerarse crímenes de lesa humanidad».
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