Algunos países de América Latina han visto crecer, en los últimos años, los hechos de violencia y delincuencia. Sus ciudadanos se sienten más inseguros en las calles y territorios y demandan de los gobiernos acciones contundentes. Países considerados seguros hoy ven cómo la inseguridad se ha incrementado y los hechos de violencia homicida son cada vez más frecuentes. Costa Rica pasó de una tasa de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes a comienzos de siglo a 12,2 en 2022; Ecuador, de 10 a 25,9; Uruguay, de 4,4 a 11,2; Venezuela, de 15,2 a 40,4; Chile, de 2,7 a 4,6; y México, de 17,8 a 25,2.
Pero no es solo este indicador el que ha aumentado, también crecen los hurtos violentos, el comercio y consumo de drogas, la extorsión, las amenazas, la trata de personas y el comercio de armas ilegales.
Frente a esta situación, algunos ciudadanos y funcionarios gubernamentales no han dudado en señalar como culpables a la migración masiva que atraviesa Latinoamérica, a la presencia y accionar de grupos trasnacionales de delincuencia organizada y común, como el ‘Tren de Aragua’, que viene desde Venezuela, y a la ausencia de medidas de corte represivo y de limitación de derechos como las que viene implementando el presidente Nayib Bukele, de El Salvador, quien no solo goza de gran popularidad en su país, sino en la región, especialmente por quienes consideran que para enfrentar la inseguridad se requieren acciones exclusivamente represivas.
LEA TAMBIÉN: Mary Emilia Colmenarez, líder del Tren de Aragua que mostraba su vida de lujos en TikTok (+VIDEO)
Hay que reconocer que hoy en la región no se está ante la violencia y la delincuencia de finales del siglo pasado, que se podía enfrentar con más policías en las calles; no se está ante delitos de oportunidad o que se cometen por necesidades insatisfechas de la población; se está ante estructuras criminales cada vez organizadas, algunas de ellas mafias trasnacionales ligadas al narcotráfico.
Con el éxito de la interdicción aérea del tráfico ilícito de drogas –que hizo más peligroso y costoso el envío directo de cocaína a Estados Unidos y Europa–, los narcotraficantes colombianos y peruanos buscaron salida de su producto a través de los países de la región, primero México y Centroamérica, luego Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina, Chile, entre otros, utilizando sus puertos y flujo aéreo.
Algunas autoridades de estos países consideraron, erróneamente, que “la droga estaba de paso” y que a nivel local no se tendrían mayores problemas de inseguridad. Muy tarde se vinieron a dar cuenta de que tras la exportación de drogas se fortalecieron las estructuras criminales locales, que garantizan el transporte y la seguridad de la mercancía para exportar y que reciben como parte del pago por estos servicios droga que comercializan en el mercado local a través del microtráfico. Con la llegada del narcotráfico se incrementaron el consumo de drogas, las extorsiones, el sicariato, los secuestros, el comercio de armas, la trata de personas, las amenazas e inclusive los atentados con explosivos.
Frente a esta situación, la salida no es el ‘modelo Bukele’, porque se requieren mandatarios que pongan en cuestión el Estado de derecho y estén dispuestos a ser juzgados y condenados en tribunales internacionales por la violación sistemática de los derechos humanos.
Es una criminalidad organizada que requiere enfrentarse, a nivel local, con un plan de Estado, con recursos suficientes para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia y con la participación de los distintos sectores económicos y sociales. A nivel trasnacional se requiere la cooperación y el trabajo en equipo y permanente con los distintos Estados de la región, EE. UU. y Europa. Desafortunadamente, en la región todavía se está lejos de hacer todo esto.
HUGO ACERO VELÁSQUEZ
Artículo de opinión de El Tiempo