Fue la campaña para un escaño en la Comisión del Distrito 12 de Miami Dade, en Florida, Estados Unidos, lo que, de pronto y por poco tiempo, agitó en los medios el nombre de Anuar Halabi Harb, el libanés-venezolano integrante de la directiva del Banco Nacional de Crédito (BNC).
Investigaciones periodísticas en torno de la campaña develaron una conexión por la que Halabi Harb aparecía como financista de la entonces candidata a representante (equivalente a concejal en el sistema político venezolano) del Distrito 12, Sophia Lacayo, a la postre derrotada.
Lacayo, empresaria de origen nicaragüense, ha sonado en la prensa en los últimos años, no tanto por su significación política sino por entuertos judiciales. Una mirada a su sitio web permitirá comprobar que, más que un programa de acción, la candidata proponía una suerte de apostolado que expresaba con el eslogan de “valores familiares, servicio y compromiso”. Pero en 2020, como comisionada de Sweetwater (ciudad de unos 13.000 habitantes del oeste del condado de Miami Dade, conocida como Little Managua y que aloja el enorme Dolphin Mall), dimitió tras declararse culpable de perjurio al descubrirse que mintió respecto de su lugar de residencia -debía estar en la misma ciudad- para aspirar al cargo. Fue sentenciada a un año de libertad condicional e inhabilitada para presentarse en cargos públicos durante un año.
Con el ánimo de superar aquel escollo, en 2022 quiso protagonizar una resurrección política al competir con el popular alcalde de Doral -ciudad vecina a Sweetwater, repleta de inmigrantes venezolanos-, Juan Carlos Bermúdez, quien más que contendiente se convirtió en su némesis, no solo por haber ganado el cargo sino también por haber denunciado la irregularidad de la proveniencia de los fondos de la candidatura de Lacayo. De paso, también puso a sonar el nombre de Halabi.
En la cuenta bancaria de su campaña, Lacayo llegó a tener más de un millón de dólares disponibles. Parte de esos fondos, según analistas electorales una cifra desproporcionada para ese tipo de campañas locales, provenían de préstamos de empresas de la misma candidata. Nada inusual, excepto por el detalle de que tales fondos tenían a su vez origen en ayudas del gobierno federal estadounidense mediante el Programa de Protección de Pago, una medida implementada durante la pandemia para proteger a las compañías y sus empleados de los embates causados por la parálisis casi total de la economía mundial.
Otra porción provino del financiamiento de Anuar Halabi Harb. La transferencia de fondos se concretó con la hipoteca de una empresa de Lacayo a otra compañía, Inlight Investment LLC, perteneciente a Halabi Harb.
La razón de esta apuesta no ha quedado clara, pues Lacayo se negó a declarar a los medios de Estados Unidos que la interpelaron al respecto. La prueba, documentos mediante, es que la empresa de Halabi Harb fue creada para este fin, que tiene sede en Delaware y nombre exactamente igual al de otra empresa más antigua que la del director de BNC, y que en total hipotecó 3,9 millones de dólares a Lacayo Real Estate Group LLC.
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