Las alarmas se encendieron entre las autoridades de las universidades autónomas de Venezuela ante la intervención del Ejecutivo en sus edificios para hacer reparaciones, a través de un plan gubernamental destinado a arreglar las infraestructuras públicas, un hecho que anula, de facto, la autonomía en la gestión de recursos que otorga la ley a las entidades de estudios superiores.
Alertan de la Misión Venezuela Bella, un plan creado hace cuatro años para recuperar espacios públicos, entre los que el Ejecutivo ha incluido la Universidad Central de Venezuela (UCV), en la Ciudad Universitaria de Caracas, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2001.
Tras haber recuperado 586 aulas y 95 hectáreas de áreas verdes, la misión estatal planea restaurar este año 36 de sus 108 obras de arte, pese a que su mantenimiento es competencia del Consejo de Preservación y Desarrollo de la UCV (Copred).
En un pronunciamiento, el Copred aseguró que estas «intenciones» de «iniciar trabajos de restauración de 36 obras de arte» sin comunicarlo ni involucrar al centro de estudio representa «otro acto de agresión a la autonomía universitaria» y «una demostración más de una política oficial que niega el diálogo».
El profesor universitario y director de la ONG Aula Abierta, David Gómez, dijo que el plan representa «un peligro que puede resultar en otro patrón de violación de la autonomía universitaria».
Subrayó que el mantenimiento de los espacios universitarios es «una actividad propia» de su autonomía, por lo que «debe ser efectuado a partir de la asignación integral del financiamiento a las universidades».
El rector de la Universidad de Los Andes (ULA), Mario Bonucci, manifestó su desacuerdo con que el Ejecutivo anuncie la ampliación de este plan cuando, al mismo tiempo, aplica una «política no escrita» de «acoso y maltrato presupuestario», que consiste en la merma de recursos asignados para su funcionamiento, lo que ha «deteriorado» los espacios.
Por su parte, la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, afirmó que la universidad «ha estado, por muchos años, sometida a una política que redujo el presupuesto asignado a insignificantes cuotas que, desde 2020, no son entregadas», lo que ha afectado «el mantenimiento de la planta física, la investigación y extensión».
Con información de El Nacional