La Organización de Naciones Unidas (ONU) informó este martes 19 de enero sobre la suspensión temporal de transferencias correspondientes a fondos de ayuda humanitaria en Venezuela debido a la “falta de claridad” del contexto institucional y financiero.
«En vista de la falta de claridad sobre el marco institucional financiero/bancario respecto al uso de la modalidad de Programas de Transferencias Monetarias dentro de las actividades del Plan de Respuesta Humanitaria, vemos la necesidad de suspender de forma temporal las transferencias monetarias», reza el documento de la ONU, firmado por Peter Grohman, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas y representante residente del Pnud en Venezuela.
La organización en cuestión aseguró que trabaja con socios y las autoridades competentes, sin precisar nombres, con el fin de acordar un procedimiento que permita seguir con la modalidad.
En ese contexto, el director de la organización Acceso a la Justicia, Alí Daniels, recordó el caso de Azul Positivo, organización que tiene a cinco de sus miembros presos, acusados de presunto manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales. También destacó que así como la oenegé zuliana, hay decenas de programas que realizan transferencias a personas de bajos recursos con fondos de la cooperación internacional de organismos como la ONU.
“Nada de lo que están haciendo es delito. Quienes pagan los platos rotos por esta situación son los más indefensos”, dijo Daniels en un contacto con El Pitazo. Explicó que la suspensión temporal de transferencias será hasta que el gobierno de Nicolás Maduro señale la manera de no meter en problemas a las personas y añadió que la medida «es un retroceso en la ayuda humanitaria» y que desconoce cuándo se reanudará el envío de fondos a ONG humanitarias.
El coordinador general de la Organización de Derechos Humanos Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, indicó el año pasado que una de las principales críticas por parte de los defensores de derechos fundamentales a la gestión del representante residente es que no ha sido una persona independiente del Gobierno.
Con información de El Pitazo