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DIARIO DE LAS AMÉRICAS| Maniobras del régimen ante encrucijada electoral

La amenaza de adelantar los comicios presidenciales de 2024 se produjo apenas 10 días antes de la realización de la conferencia internacional organizada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para discutir cómo reanudar el proceso de negociación entre el madurismo y la opositora Plataforma Unitaria.

Esta negociación está suspendida desde el mes de noviembre de 2022, cuando debía comenzar a discutir el cronograma electoral de los años 2024 y 2025, además de las condiciones y garantías electorales de estos procesos.

En respuesta a la nueva amenaza del régimen venezolano Juan González, el principal asesor para Latinoamérica de la administración del presidente de Estados Unidos Joe Biden, reiteró que están “ dispuestos a aliviar la presión de las sanciones para poder llevar a un resultado que lleve a unas elecciones libres (…) Lo que pedimos no son cosas que se le ocurren a EEUU, la UE. envió una misión a Venezuela y dio un conjunto de recomendaciones todas clarísimas y con sentido común para llevar a cabo elecciones competitivas. Si se tomaran estas acciones, nosotros tendríamos una respuesta recíproca aliviando las sanciones”.

De igual forma, el funcionario estadounidense aclaró que “la idea de solo levantar las sanciones sin contraprestación democrática no aliviará la situación de los venezolanos. La situación humanitaria se dio antes de las sanciones”.

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Desde la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, la democracia venezolana se caracterizó por realizar sus elecciones presidenciales en el mes de diciembre del último año del período presidencial.

Esta tradición electoral dejó de cumplirse en julio del año 2000 cuando se celebraron elecciones para la relegitimación de todos los poderes tras la aprobación de la nueva Constitución que fue promovida por Hugo Chávez; en octubre de 2012, cuando Chávez buscó ser reelecto tras haber sufrido un cáncer; en abril de 2013, para escoger al sucesor de Chávez tras su muerte en marzo de ese año y en abril de 2018 cuando Nicolás Maduro decidió adelantar ocho meses la elección.

Sin embargo, debe advertirse que convocar los comicios presidenciales durante el primer semestre del año, aunque deja de respetar la tradición política, no vulnera la legalidad, pues la ley electoral venezolana -después de una cuestionada reforma- no obliga a hacer las votaciones en diciembre.

En el año 2009 la Asamblea Nacional -dominada por el chavismo- aprobó una nueva Ley Electoral en la cual suprimió la disposición que establecía, de manera taxativa, el momento en el que debían celebrarse los distintos comicios. La ley derogada por el chavismo señalaba que las elecciones debían fijarse “un domingo de la primera quincena del mes de diciembre del año anterior a la finalización del período correspondiente”.

Al eliminar esta disposición y dejar la convocatoria a la discreción del Consejo Nacional Electoral (CNE) se permitió que los comicios se convocarán en momentos distintos al tradicional mes de diciembre.

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