La Embajada del Gobierno legítimo de Venezuela ha elevado una consulta formal al Gobierno de España solicitando la revisión de la medida de suspender el canje del carnet de conducir anunciada por la Dirección General Tráfico (DGT). El Despacho del Embajador y Jefe de Misión, Antonio Ecarri Bolívar, ha requerido conocer la razón por la que se ha tomado esta medida y el destino de quienes estarían siendo acusados de falsedad documental. Sobre la suerte de los venezolanos que ya tienen su cita concedida antes de la ejecución de la medida, el Gobierno de España ha respondido de forma oficial que “se tramitarán todas las citas concedidas antes del 15 de marzo, pero no aquellas solicitudes presentadas de cualquier modo por registros”.
“Les hemos hecho llegar nuestra gran preocupación, toda vez que los venezolanos están acudiendo a este Despacho para mostrarnos su legítima inquietud. El perjuicio a la comunidad ya no estaría siendo solo la imposibilidad de canjear el carnet de conducir, sino que subyace el hecho de que quienes han sido acusados de falsedad documental por tener una licencia expedida por las autoridades venezolanas bajo criterios no contemplados en el convenio, están viendo vulnerados sus derechos y enfrentándose a un efecto indeseado que podría incidir negativamente en su renovación de residencia o asilo”, señala Ecarri.
En los últimos días, este Despacho ha recibido documentación proveniente directamente de afectados y representantes legales, que apuntan a posibles detenciones de conductores venezolanos que, una vez obtenido su canje por la DGT, están siendo acusados de falsedad documental. Según estos datos, más de 1.300 estarían siendo investigados por este motivo, de los cuales 650 están o han estado en tribunales. En las últimas semanas, incluso, el inicio del procedimiento a través de una citación telefónica estaría siendo más expedito, judicializando a los conductores desde el momento en el que acude a su cita en la DGT.
“El Gobierno usurpador es incapaz de emitir un documento con los estándares internacionales, lo cual está generando un gran perjuicio a la comunidad venezolana en España, no solo impidiendo que tenga una herramienta de trabajo sino permitiendo la generación de antecedentes policiales y penales, un hecho gravísimo que podría afectar la estabilidad de cientos de familias” explica el Embajador designado por la Asamblea Nacional, porque aunque la causa sea sobreseída, como ya se ha visto en muchas regiones, los antecedentes inciden negativamente en otros procesos como la renovación de asilo o residencia.
Ante esta situación, Ecarri está manteniendo conversaciones con el Gobierno de España para sostener una reunión en el corto plazo, a los fines de exponer la situación y buscar vías de solución, tanto para mitigar los efectos indeseados de los procedimientos judiciales como para plantear alternativas para la reactivación del convenio a través de otros mecanismos.