Nicolás Maduro ordenó que se investigue a las empresas que ofrecen servicios de delivery en el país, supuestamente para conocer las condiciones laborales de los motorizados que obtienen ingresos a través de esta nueva forma de empleo.
Tareck El Aissami, vicepresidente sectorial de Economía del régimen, fue la persona designada para iniciar la investigación. Maduro le dio un plazo de 24 horas para descubrir si estos trabajadores cuentan con protección social según lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo.
“En 24 horas debemos conocer la situación laboral de los muchachos que hacen delivery. Debe ser corregida cualquier irregularidad”, expresó durante el «Miércoles productivo».
Esta orden de Maduro vino después de que Jessica Bello, viceministra de la Juventud chavista indicara que “si les pasa algo a los jóvenes que hacen delivery no hay nadie que responda”.