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¿Irá el régimen a defender su posición sobre el Esequibo ante la CIJ?

Foto: Redes sociales

El dictador Nicolás Maduro deberá decidir si acude ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para defender su potestad territorial sobre el Esequibo o si se ausenta, desconociendo su jurisdicción sobre el asunto como sugieren voceros del chavismo tras un referendo consultivo sobre el tema.

Por el momento, esa próxima cita jurídica es una moneda al aire para Caracas.

La Corte Internacional de Justicia tiene una fecha resaltada en su calendario en el marco de su examen de la controversia territorial entre Venezuela y Guyana: el 8 de abril de 2024. Es un día “crucial” del caso, a pesar de la resistencia de Caracas a reconocer la jurisdicción del máximo tribunal de las Naciones Unidas en el conflicto, advierten especialistas consultados por la Voz de América.

La Corte, cuyos jueces suelen recordar que sus decisiones son legalmente vinculantes y finales, han fijado para la fecha una audiencia en la cual Venezuela debe desplegar “su mejor defensa” para contrarrestar la validez del Laudo Arbitral de París, de 1899, que defiende Guyana, explica el abogado especialista en derecho internacional y diplomacia, Mariano de Alba.

Según todos los gobiernos venezolanos desde el siglo XX, ese laudo es “nulo e írrito” como documento en cuanto a la potestad territorial sobre el Esequibo, una zona de 159.000 kilómetros cuadrados rica en minerales y recursos petroleros.

Guyana solicitó en marzo de 2018 a la Corte Internacional de Justicia que iniciara un proceso contra Venezuela, pidiéndole que confirme la validez jurídica y vinculante del laudo de París, favorable para su reclamo.

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Fue el secretario general de la ONU, António Guterres, quien opinó en 2017 que ese debía ser el mecanismo para zanjar la disputa.

Venezuela, en cambio, insiste en que el diferendo debe resolverse según el Acuerdo de Ginebra, de 1966, que establece varios mecanismos para hallar una solución satisfactoria para ambas partes según la Carta de las Naciones Unidas.

El mes pasado, la CIJ ordenó a ambos países no agravar la controversia, asegurando en su pronunciamiento que Guyana “administra y controla” el territorio en disputa y llamando a Venezuela a “abstenerse de cualquier acción que modifique tal situación” hasta que haya sentencia.

Días después, Maduro dijo que ganó el referéndum consultivo o sobre el Esequibo, donde supuestamente 95 % de los votantes aseguró estar de acuerdo con desconocer la jurisdicción y un porcentaje aún mayor respaldó que se use el Acuerdo de Ginebra para solucionar el diferendo.

Esta semana Maduro anunció una retahíla de medidas que incluyen la creación legislativa del nuevo estado Guayana Esequiba, la designación de una autoridad única, la puesta en marcha de una zona especial militar y el permiso a la estatal petrolera PDVSA de que otorgue licencias energéticas para explotar los recursos del territorio en reclamación. También, dio tres meses para que «se retiren» las compañías petroleras autorizadas por Guyana para operar en aguas en disputa.

Si Venezuela no presenta la contramemoria, el juicio sobre el Laudo de 1899 y el caso Esequibo seguirá su curso en ese tribunal,

En ese caso, los jueces de la CIJ “tendrán que hacer un esfuerzo de considerar la perspectiva venezolana de la disputa” para decidir sobre la controversia, pero ese contexto podría beneficiar en definitiva a Guyana.

VOA