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Venezuela

Justicia militar | Varios magistrados cobraron para liberar a un comandante que se fugó del país

Cuando al teniente coronel (Ej) Erick Fernando Peña Romero, uno de los siete comandantes del 2 de Marzo o Movimiento Transición a la Dignidad del Pueblo, le dieron medida cautelar por razones humanitarias, los que firmaron la medida no pensaron que tiempo después eso le costaría la cabeza a varios jueces, incluyendo la destitución del MG Edgar José Rojas Borges, presidente de la Corte Marcial y presidente del Circuito Judicial Penal Militar; la detención del juez militar, coronel Alfredo Enrique Solórzano Arias y amenace la destitución de por lo menos dos jueces militares más, entre esos Mickel Enrique Amezquita Pión.

Peña Romero, quien era administrador del Hospital Militar de Caracas, fue detenido el 2 de marzo 2018, junto con un grupo de comandantes cercanos a la revolución bolivariana; simultáneamente apresaron a los comandantes (Ej) Igbert José Marín Chaparro, Deibis Esteban Mota Marrero, Víctor Eduardo Soto Méndez, Juan Carlos Peña Palmentieri y Henry José Medina Gutiérrez, así como el Primer Teniente Geibert Ariza Apolinar y el Sargento Supervisor Julio César Gutiérrez.

En diciembre 2018, Peña Romero recibe la cautelar por medida humanitaria, y así estuvo un par de años hasta que los abogados de los comandantes se dispusieron a introducir una apelación al fallo del tribunal que condenó a cinco, de los seis comandantes, en un juicio exprés el 16 de diciembre 2020.

Solórzano Arias, quien fue el juez en apelación de la causa de los Comandantes del 2 de Marzo, declara con lugar la apelación y es así como el caso regresa otra vez a juicio, aunque todavía no hay fecha para ello.

La investigación que le abren a un grupo de jueces de la administración de justicia militar habría surgido por el pago que permitió la medida cautelar que le dieron al teniente coronel (Ej) Erick Fernando Peña Romero. Lo extraño es que la detención de Solórzano Arias ocurra ahora, aunque la investigación a funcionarios de la Corte Marcial ocurrió desde el momento en que esa medida cautelar fue concedida.

Entre quienes pudieran ser detenidos está el recién destituido presidente de la Corte Marcial, Mayor General (Ej) Rojas Borges, así como otros jueces, entre ellos el juez militar Amezquita Pión.

De los seis comandantes del 2 de marzo, cinco tenían batallones a cargo, menos Peña Romero, quien fungía como administrador en el Hospital Militar. Meses después de estar detenido en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, él presentó una supuesta crisis hipertensiva. Se lo llevan de emergencia al Hospital Militar, de donde él fue administrador, y ahí permanece una semana hospitalizado.

Varios militares aseguran que Peña Romero, como otros presos han hecho, usó la excusa de la hipertensión y se causó los síntomas ingiriendo una cucharada de sal en la mañana y otra en la noche para que se le disparara la tensión, poniendo en peligro su salud. La hipertensión fue la excusa para que le dieran la medida cautelar, que después se descubría que no habría sido de gratis y que les dio dinero a varios funcionarios. Cuando el juicio se inicia, él se presentaba a las audiencias.

Es importante destacar que el Tcnel (Ej) Erick Fernando Peña Romero, jugó un papel relevante en el video con el que fue denunciado el entonces diputado Juan Carlos Caldera, del partido Primero Justicia, quien fue grabado recibiendo dinero del empresario venezolano Wilmer Ruperti, y que él explicó se lo ofreció el empresario como aporte a su candidatura a la Alcaldía del municipio Sucre.

Caldera reveló que el empresario Ruperti, quien ha sido uno de los privilegiados de la revolución bolivariana en lo que a contratos se refiere, le ofreció dinero para su campaña y para ello “me puso en contacto con su asistente Luis Peña, que es la persona que aparece ahí (en el video) extrañamente la borran y le distorsionan la voz”.

Lo interesante es que Luis Peña en realidad es Erick Fernando Peña Romero; no era asistente de Ruperti, pero sí hombre de confianza del entonces jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), MG (Ej) Miguel Rodríguez Torres, quien está preso desde el 12 de marzo 2018.

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