Al menos 27 ejecuciones extrajudiciales de personas en situación de pobreza fueron cometidas durante la primera quincena de 2022, por parte de funcionarios policiales del régimen de Nicolás Maduro, contabilizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El organismo condenó estos hechos y exhortó al Estado a “investigar, juzgar y sancionar” estos crímenes. Asimismo, señaló que la seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza que apunte a tratar a la población civil como el enemigo, sino que debe consistir en la protección de las personas.
Según datos de la Organización de Estados Americanos (OEA), órgano perteneciente a la CIDH, el 80% de las víctimas eran menores de 25 años y todos eran hombres en situación de pobreza que habían sufrido amenazas o intimidaciones.
Estas muertes, a su parecer, podrían configurar ejecuciones extrajudiciales, conforme a estándares interamericanos y consideró preocupante que el Estado venezolano presente gran parte de estas muertes violentas como incidentes.
La CIDH aseveró que las autoridades venezolanas tienen “el deber de iniciar automáticamente y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva”. Y además pidió que los agentes de seguridad no “reproduzcan el estigma” de que los jóvenes pobres están “vinculados a la delincuencia”.
Con información de Infobae.