La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en memoria de las víctimas de las protestas de 2017, instó al régimen de Nicolás Maduro a adoptar medidas urgentes y adecuadas para reconstruir la independencia del Poder Judicial y asegurar el acceso a la justicia por los hechos sucedidos.
A través de un comunicado, la CIDH recordó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) adoptó el 28 y 29 de marzo de 2017, las decisiones 155 y 156, que suspendieron las facultades de la Asamblea Nacional y otorgaron amplísimos poderes discrecionales al Poder Ejecutivo, lo cual fue calificado por la CIDH como una usurpación de funciones y la anulación de facto de la representación popular.
Como resultado de esta ruptura del orden constitucional, señaló que entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017 miles de personas se movilizaron en todo el territorio nacional, y fueron reprimidas por parte del régimen, lo que resultó en 133 personas fallecidas; 4 mil heridas; más de 5 mil detenidas arbitrariamente y 600 civiles presentadas ante la jurisdicción penal militar; así como casos de tortura y violencia sexual contra mujeres detenidas.
A 5 años de estos acontecimientos, la Comisión Interamericana afirmó que nota la ausencia de avances sustanciales en las investigaciones por la falta de independencia judicial, obstaculizando además los proceso de reparación y memoria.
Al respecto, la CIDH subrayó que la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos de Naciones Unidas documentó presiones contra jueces penales sobre cómo decidir casos relacionados con las protestas e injerencias contra las y los fiscales que se rehusaban a cerrar los expedientes de las protestas o que querían procesar a los rangos superiores en la cadena de mando. «Hechos que han impulsado a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abra una investigación respecto de Venezuela. La falta de independencia judicial en el país también ha sido documentada por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos», refiere parte del comunicado.
Por tal motivo, la CIDH urge al régimen a adoptar medidas urgentes y adecuadas para reconstruir la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, con miras a garantizar el acceso practico y efectivo a la justicia de las víctimas, así como la construcción de la verdad y la memoria histórica.