Luisa Marvelia Ortega Díaz, sostuvo una entrevista con el diario El Mundo de España, donde conversó sobre su proceso de exilio.
Nacida en Valle de la Pascua, Venezuela en 1958, ocupó el cargo de fiscal general de Venezuela durante nueve años, entre enero de 2008 y agosto de 2017, tanto bajo la presidencia de Hugo Chávez como la de Nicolás Maduro.
Este último la destituyó violentamente y se vio obligada a huir a Colombia en una lancha, un periplo que ella misma recuerda como «propio de una película».
El actual Ejecutivo venezolano la acusó de «actos inmorales», los militares ocuparon las instalaciones del Ministerio Público y se puso en marcha una campaña de acoso institucional contra ella y su familia.
Ortega denunció públicamente que su relevo representaba «un paso más para el establecimiento de una dictadura», consiguió que las autoridades colombianas la reconocieran como refugiada y ha dedicado los últimos años a poner en manos de la Corte Penal Internacional (CPI) pruebas documentales de la «violación sistemática de los derechos humanos».
Sus aportaciones han desembocado en la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad, la primera de la CPI contra un país de América Latina.
Tras una nueva ofensiva contra ella, Ortega decidió trasladarse a España y reside en estos momentos en Madrid, donde en octubre solicitó el asilo como represaliada política. Lo hizo poniéndose a la cola en las Administraciones correspondientes, asesorada por el letrado Ismael Oliver, que dirige su estrategia jurídica, y se encuentra ahora mismo esperando una respuesta.
La ex máxima responsable del Ministerio Público venezolano rompe por primera vez su silencio en una entrevista con EL MUNDO para repasar lo acontecido durante los últimos años. Aborda la convulsa situación política que vive su país, los motivos de su destitución y los detalles de su fuga cinematográfica para preservar su vida. Pero también el tratamiento que las diferentes potencias internacionales, entre ellas España, están dispensando a Maduro, con quien recuerda que rompió al poco de llegar al poder por sus intolerables injerencias.
LA GOTA QUE COLMÓ EL VASO
«Como fiscal general de Venezuela, y en el marco de la colaboración entre poderes, siempre hice recomendaciones sobre las actuaciones equivocadas e ilegales en las que estaba incurriendo el Gobierno», rememora. «Tales recomendaciones nunca fueron tomadas en consideración, nunca fueron escuchadas […] Hubo momentos que resultaron insostenibles porque mis advertencias para que se corrigieran las desviaciones fueron reiteradamente desoídas y desatendidas». «Al mismo tiempo, se mostró un desapego cada vez mayor al ordenamiento jurídico».
Todo ello «hasta que, en marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia dictó dos sentencias mediante las cuales arrebataba sus competencias al Parlamento para transferírselas al Poder Ejecutivo». «Aquello constituyó una clarísima ruptura del orden constitucional, pedí que se rectificaran esas decisiones y nuevamente me respondieron con evasivas, por lo que tuve que denunciar públicamente esa violación de la Constitución que permanece hasta ahora» y ha transformado Venezuela en un «régimen inconstitucional».
Asegura Ortega que «a partir de ese momento comenzó la persecución contra ella, su familia y los trabajadores del Ministerio». «Aquello no sólo puso en peligro mi vida, sino la estabilidad del país». «A través de los medios de comunicación los venezolanos vieron cómo allanaron dos veces mi hogar, saquearon todas mis pertenencias y la policía política se quedó instalada en mi casa. Asaltaron militarmente la Fiscalía, poniendo en riesgo las investigaciones que allí cursaban, en un atentado que ponía en peligro todo el Sistema de Justicia».
Subraya la ex fiscal general venezolana que aquella situación le hizo «reflexionar». «¿En qué parte del mundo las Fuerzas Armadas atacan a uno de los poderes públicos? No defendieron la institucionalidad, la estabilidad política. Solo con ese episodio se puede apreciar cómo Maduro acabó con la democracia, pisoteó la Constitución y desmanteló todo nuestro ordenamiento institucional. Como demócrata no podía quedarme de brazos cruzados».
Terrorismo de Estado
Ortega llega a calificar la reacción del Régimen de Maduro como «terrorismo de Estado». «En mi país se militarizó la seguridad ciudadana y se autorizó el uso de armas de fuego para reprimir las manifestaciones, lo que trajo como consecuencia el asesinato de cientos de personas. Sembraron miedo en la población con ejecuciones, torturas, persecuciones, detenciones arbitrarias, juicios militares a civiles, allanamientos ilegales, desapariciones forzadas y violaciones, entre otros actos inhumanos”.
En lo que respecta a la permanencia en su puesto, a pesar de las ilegalidades que se perpetraban, defiende no haberlo abandonado voluntariamente. «A pesar de las irregularidades que detecté y de las observaciones que hice al Poder Ejecutivo, siempre estuve convencida de que tenía el compromiso constitucional de defender la institución en la que fui juramentada. No podía soslayar la responsabilidad ante el país y los venezolanos», se justifica Ortega.
«Un demócrata debe defender la democracia y la institucionalidad hasta donde sus posibilidades lo permitan. Yo me mantuve al frente de una responsabilidad de enorme importancia. Cumplí con mis obligaciones como fiscal general protegiendo nuestro Estado de Derecho, nuestra Constitución, denunciando su violación y a sus violadores». Es más, enfatiza que plantó cara al presidente venezolano para poner fin a sus desmanes. «Nadie puede arrepentirse de haberle dicho de manera frontal a Maduro y a sus cómplices que se habían convertido en los sepultureros de la democracia venezolana cuando rompieron el orden constitucional». Diferencia entre la forma de gobernar de Chávez, de quien destaca que siempre tuvo un ritmo de vida «austero», y la de Maduro. «Los tiempos de Chávez no son los tiempos de Maduro y en la época del primero no se vivió lo que se ha vivido ahora». Sin embargo, reconoce que, si bien el primero «probablemente no quería ver la Venezuela que existe hoy, no hizo nada para evitarlo».
CON INFORMACIÓN DE EL MUNDO, ESPAÑA