Este 13 de febrero, la Misión de Determinación de los hechos en Venezuela dio a conocer su profunda preocupación por la detención de la activista y defensora de los Derechos Humanos, Rocío San Miguel.
«La Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela expresa su profunda preocupación por la situación de una defensora de derechos humanos detenida por las autoridades el viernes, e instó al Gobierno a poner fin a la ola de represión contra los opositores que se está intensificando en todo el país», dijo la organización.
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Según el sitio web Monitoreamos, señaló que «las fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron a Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, cuando intentaba embarcar junto a su hija en un vuelo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar. El Fiscal General acusó a San Miguel de participar en un intento de conspiración contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos cargos, así como de estar implicada en ataques contra unidades militares y otras instituciones en todo el país. Tanto San Miguel como su hija y otras cuatro personas se encuentran en paradero desconocido».
Con respecto a esto, Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Investigación insistió en que «no se trata de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se percibe como opositores«.
«El gobierno de Venezuela debe proporcionar información sobre el paradero no sólo de San Miguel y su hija, sino de todos los detenidos cuyos lugares de detención aún se desconocen», manifestó Valiñas, mientras que dijo que «corresponde al Gobierno abstenerse de utilizar medidas represivas contrarias a sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional penal«.
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Recalcó que «en Venezuela, las medidas de represión e intimidación dirigidas a reducir el espacio cívico -ahora en mayor riesgo con la próxima aprobación de la ley que regula las organizaciones no gubernamentales y que afecta a su independencia- siguen combinándose con otras gravísimas medidas de represión», ha afirmado Valiñas. «Es preocupante que la Fiscalía siga operando de acuerdo con el interés del Gobierno para permitirle una apariencia de legalidad a todos estos abusos«.
Con información de: Monitoreamos