La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad (Red-CLH) remitió 36 nuevos casos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) con lo que eleva a 50 el número de expedientes de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela que alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad que han sido enviados por esta iniciativa al tribunal internacional.
“Estamos convencidos de que sólo a través de un riguroso y metodológico proceso de documentación que apoye el trabajo de la Fiscalía, la Corte Penal Internacional podrá avanzar en la condena a los máximos responsables de estos crímenes», indicó Alonso Domínguez, coordinador de la Red-CLH.
Domínguez afirmó que este trabajo, junto al que vienen haciendo otras ONG en Venezuela, es fundamental para lograr justicia para miles de venezolanas y venezolanos que han sufrido, en palabras del Preámbulo del Estatuto de Roma, “‘los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”.
Las personas entrevistadas declararon que fueron víctimas de asfixias con bombas lacrimógenas; sometimiento a posiciones de estrés; golpes en diversas partes del cuerpos; maltratos psicológicos; condiciones de detención extremadamente precarias; privación de alimentos y agua; incomunicación; amenazas a sus familiares; ataques contra sus propiedades y persecución, entre otros métodos de tortura.
En estos casos se evidenció una absoluta inacción por parte del Estado venezolano, pues los hechos en contra de las víctimas no han sido investigados a pesar de ser del conocimiento directo de funcionarios de la Defensoría del Pueblo, fiscales del Ministerio Público, jueces, órganos de policía, entre otros, a los cuales las víctimas acudieron para denunciar lo sucedido sin obtener respuesta. En la mayoría de los casos ni siquiera se dejó constancia en actas de lo manifestado por ellas.
Los testimonios evidencian patrones que coinciden con los señalados por el Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su informe de 2018 y por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de ONU.
En el informe de esta segunda remisión se incluyen algunos casos de testigos para que sean conocidos por la Fiscalía de la CPI, pues sirven para ejemplificar la falta de investigación y sanción a los máximos responsables por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Domínguez explica que el principio de complementariedad continuará siendo la llave de acceso de la Fiscalía para la investigación de los casos: “El ejercicio de documentación que ofrecen los informes de las dos remisiones que hemos hecho confirma la existencia de patrones de crímenes de lesa humanidad ya identificados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”.