La Pdvsa a cargo del régimen de Nicolás Maduro, junto a sus filiales, deberán pagar más de 32,1 millones de dólares de deuda resultante de la compra de una flota de 42 remolcadores, adquisición estaría llena de irregularidades.
En una sentencia publicada en agosto, el juez del tribunal de La Haya Maarten van de Laaschot ordenó a la estatal petrolera, a Bariven y a Pdvsa Operaciones Acuáticas el pago de 21,2 millones de dólares (19,9 millones de euros) por una factura pendiente del contrato de adquisición de la flota de embarcaciones. Igualmente, otros 13 millones de dólares (12,22 millones de euros) debían ser entregados por las extensiones de las garantías de cumplimiento más los intereses comerciales legales, devengados desde el momento en que se formuló el reclamo.
Otras cantidades menores deberán ser pagadas a los abogados venezolanos Bernard Bentata y Tulio Alvarez Ledo, que eventualmente hicieron análisis sobre el reclamo de la empresa Brumby Shipholdings SA, una firma panameña dedicada al negocio marítimo, incorporada en los registros del país centroamericano en enero de 2005. Una empresa homónima fue inscrita en Singapur, donde fueron adquiridas las naves.
Según la web El Pitazo, Brumby Shipholdings SA pertenece a los venezolanos Hidalgo Socorro Urdaneta y Enoc Martínez Carrasquero. Ambos figuran en los directorios de varias sociedades que operan en el país y en el exterior, ligadas al negocio petrolero.
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La adquisición de la flota de remolcadores fue objeto de señalamientos públicos y denuncias judiciales. En febrero de 2019, el entonces diputado opositor Conrado Pérez solicitó una averiguación parlamentaria sobre esta negociación, al obtener evidencias de que los remolcadores presuntamente fueron comprados por Brumby en Singapur y Malasia, por 40 millones de euros, para luego revenderlos a Pdvsa en 150 millones de euros.
La adquisición de la flota de remolcadores fue objeto de señalamientos públicos y denuncias judiciales. En febrero de 2019, el entonces diputado opositor Conrado Pérez solicitó una averiguación parlamentaria sobre esta negociación, al obtener evidencias de que los remolcadores presuntamente fueron comprados por Brumby en Singapur y Malasia, por 40 millones de euros, para luego revenderlos a Pdvsa en 150 millones de euros.
Con información de Crónicas del Caribe