La presidenta del Observatorio de DDHH y también diputada de la Asamblea Nacional, Adriana Pichardo, denunció la represión y persecución por parte del régimen a dirigentes políticos y ciudadanos que manifiestan su deseo legítimo de libertad.
“Se ha desatado una inmensa persecución y represión contra la dirigencia política en el estado Guárico luego que el pasado 27 de septiembre, en comunidades como Santa María de Ipire, el Socorro y otras tantas, se llevaron a cabo protestas de tipo social por el descontento que existe debido a las fallas de los servicios públicos y a la actual crisis humanitaria y de combustible”.
Pichardo hizo referencia a las detenciones arbitrarias contra dos líderes guariqueños: el día 8 de octubre el dirigente del partido Acción Democrática, Carlos Campos; y el 17 de octubre el exalcalde de Chaguaramas y dirigente de Voluntad Popular, Yovanny Salazar.
Detalló que junto al secuestro del coordinador de VP, Yovanny Salazar, se llevaron a los ciudadanos Alirio Morinal, Winder Castro, Pedro Soler y sus dos hijos, quienes fueron retenidos arbitrariamente durante horas bajo asedio y presión.
Igualmente refirió la persecución de la que fueron víctimas los integrantes del Consejo Nacional de Defensa Judicial nombrado por la Asamblea Nacional el pasado 2 de octubre, a quienes el régimen allanó sus viviendas ilegalmente, violando el derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del hogar y arremetiendo contra sus familiares, cuando era un hecho público y notorio que esas personas no se encuentran en el país.
La parlamentaria destacó que desde el parlamento rechazan categóricamente el uso de la fuerza para intimidar, la persecución política, la retaliación política a venezolanos dignos cuyo único delito es seguir de frente y dar un paso en la lucha por la libertad y por la democracia.
Asimismo, Pichardo aseguró que llevarán las denuncias de la violación sistemática de DDHH de la dictadura a instancias internacionales y que desde el Observatorio de DDHH seguirán monitoreando y levantando la voz, todas las veces que sea necesario, para defender los legítimos derechos de los ciudadanos a protestar.