«Los custodios, independientemente de su responsabilidad en la violación de los derechos humanos, gozan de los mismos derechos humanitarios sin discrimacion alguna. De allí que requieren atención médica a modo de prevención, así como el mínimo tratamiento contra el COVID-19. En este momento, tanto funcionarios, como presos políticos deben ser tratados y atendidos medicamente», aseveró la abogada y directora de la ONG Justicia Venezolana, Lilia Camejo.
Ante la incertidumbre sobre la propagación del COVID-19 en cárceles del país, la defensora de derechos humanos cuestionó que no exista información oficial para familiares y abogados de los oficiales institucionales detenidos.
¿Qué pasa con el Poder Judicial?
Camejo, reiteró qué el Poder Judicial tiene más de cuatro meses en cuarentena con audiencias preliminares y de juicio paralizadas.
En este sentido, insistió en la necesidad de que se otorguen medidas cautelares sustitutivas de libertad, para que éstos oficiales sigan enfrentando los injustos procesos a los que están siendo sometidos desde sus casas y junto a sus familiares.