El coordinador de Investigación de la organización Provea, Marino Alvarado, aseguró que antes de la llegada del COVID-19 en Venezuela, la situación ya era muy difícil para el ciudadano de a pie debido a el «enorme caos» de los servicios públicos y el «alto costo» de la vida.
«Se complicó todo lo que tiene que ver con el sistema público de salud porque la pandemia incrementó el número de personas que requerían atención», aseveró Alvarado. Y agregó que la situación se exacerbó durante el brote de la COVID-19 por la escasez de gasolina y que ahora se agrega la del diésel.
El activista de DDHH indicó que el personal de salud por temor a contagiarse ante la falta de atención del gobierno nacional para garantizar adecuadas medidas de condiciones de trabajo, «muchas enfermeras y médicos han renunciado y por otro lado, a pesar de la pandemia, muchos de estos profesionales han salido del país».
Sobre el» alto costo de la vida» Alvarado explica que en el país existe 4.000.000 de jubilados que reciben menos de dos dólares al mes, además de medio millón de empleados públicos cuyos salarios más grandes no superan los siete dólares frente a una Canasta Alimentaria que supera los 170 dólares.
Para el coordinador de Provea, es una situación que ha conducido al incremento de los niveles de pobreza y a mayor angustia, porque se agrega la preocupación de ser contagiado de Coronavirus además de la ansiedad que genera el deterioro de las condiciones de vida.
Con información de Radio Fe y Alegría