En diciembre, Pedro* y su esposa viajaron, como suelen hacer con frecuencia, desde Cabudare, a unos 400 kilómetros al suroeste de Caracas, para pasar unos días en familia. En su vehículo, junto a las maletas, llevaban una cava (refrigerador portátil) llena de comida y postres para las festividades navideñas. Poco les gusta comprar en Caracas -afirman- porque todo es “más fresco” donde viven.
En el trayecto, un policía los detuvo en un punto de control y, sin dar explicaciones, le pidió revisar el vehículo. Durante la revisión el agente se centró en las maletas donde guardaban regalos para sus nietos y en la cava. Después de mirar, pidió que abrieran todos los equipajes.
Al ver los productos, el policía exigió varios de ellos como “aguinaldo”. Entre el temor por las consecuencias y la molestia por el “abuso de autoridad”, la esposa de Pedro se negó a abrir las maletas.
Haciendo un balance de lo sucedido, consideran que ese día corrieron con suerte: el funcionario les habló en un tono amenazante cuando se negaron, pero finalmente los dejó continuar el viaje tras revisar los documentos de identidad.
Pedro, de 66 años, cuenta que varias veces lo han detenido para verificar sus papeles y, a pesar de que siempre están en regla, algunos funcionarios, “no todos”, le han solicitado una “colaboración” argumentando la difícil situación económica que viven. En esos casos, se niega y responde que si ha cometido una infracción le pongan una multa. Sin embargo, siempre teme al pensare en cuál podría ser la reacción del funcionario de turno.
Los especialistas consultados por Voz de América recuerdan que no es legal que un funcionario solicite “dinero, dádivas o mercancía”.
El abogado penalista y profesor de criminología, Luis Izquiel, resalta que en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), están expuestos los artículos que indican cómo los cuerpos de seguridad deben llevar a cabo inspecciones personales y a vehículos.
“La revisión no puede ser discrecional (…) según el texto legal, el funcionario debe indicar primero cuál es la presunción que tiene de que hay elementos que tengan que ver con un delito, solo así debe procederse a una revisión. Pero lo que viene ocurriendo en las alcabalas es una discrecionalidad total”, resalta.
De acuerdo al artículo 207 del COPP, las inspecciones de vehículos se pueden llevar a cabo siempre que haya motivo suficiente para presumir que se ocultan en él objetos relacionados con un hecho punible y se debe advertir sobre la sospecha.
Eliminar trabas
Hace un año, durante una transmisión del canal del Estado, cuando aún estaba en vigencia el denominado esquema 7 + 7, el diputado de la Asamblea Nacional de mayoría chavista, José Gregorio Correa, expuso al presidente Nicolás Maduro la situación que enfrentan productores en las alcabalas* dispuestas en carreteras del país.
“No tenía esta denuncia (…) tenga seguridad que le vamos a dar respuesta inmediata (…) las desviaciones que pudiera haber con el tema de las alcabalas, eso lo vamos a eliminar inmediatamente (…) que se eliminen las trabas que se le ponen en las alcabalas en el pueblo de Venezuela”, dijo el 12 de julio de 2021.
Sin embargo, las denuncias en redes sociales persisten y, días atrás, el tema nuevamente se volvió tendencia cuando la periodista Valentina Quintero, quien se dedica a promover el turismo en Venezuela y frecuentemente recorre el país, expuso la situación.
“El auténtico peligro de las carreteras venezolanas es la autoridad, las alcabalas, la matraca. La tienen durísimo quienes transportan alimentos, eso ya se ha denunciado hasta la saciedad, se afincan con los chamos, ¿delito? ser joven. Con los extranjeros, cuando ven un pasaporte no los dejan ir hasta que no obtienen dólares”, manifestó.
Quintero relató, a través de su cuenta en Instagram, que una amiga viajó desde Colombia a Venezuela en autobús y fue detenida en “todas las alcabalas”.
“La amenazaron hasta con desnudarla (…) la defendieron los pasajeros que la acompañaban en el viaje y así fue como detuvieron a la autoridad”, detalló al hacer un llamado de atención a los venezolanos a quienes recomendó viajar con documentos en reglas y ser solidarios con otros.
El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, respondió calificando como “una irresponsabilidad generalizar y pretender opacar la labor policial y militar enmarcada en la ética profesional”.
“Rechazamos las malas prácticas de cualquier funcionario que transgreda la ley y tenemos estructura y capacidad para sancionar a quienes violen la Constitución y las leyes”, aseguró.
Distintas características
Consultado por VOA, el abogado penalista y profesor de criminología, Luis Izquiel, comenta que en centros urbanos, los actos de corrupción ocurren principalmente cuando solicitan documentos indispensables para conducir.
Agrega que, según denuncias de ciudadanos, algunos funcionarios piden documentos adicionales, como los pagos de trimestres municipales, y al no tenerlos, en vez de asomar la posibilidad de una multa, surgen amenazas de retención de vehículo para presionar a fin de obtener dinero.
En las carreteras, la dinámica, principalmente se dirige a “transportistas de alimentos y otros tipos de bienes”.
“Se le plantea la revisión del vehículo en la búsqueda de presunta droga o cualquier otro elemento que tenga que ver con un hecho delictivo. Los transportistas dicen que es una manera de presión, señalando que, si no quieres que te retengan el vehículo para una revisión que puede durar horas, entonces paga con parte de los bienes o en efectivo”, describe el abogado.
Celso Fantinel, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), reitera a VOA que se trata de una situación de “vieja data” que se ha ido agudizando en los últimos 7 años.
De acuerdo a Fantinel, entre los cortes de vía y los problemas con el combustible, un viaje de 14 horas se puede convertir en uno de 36 horas y refiere que ferieros (personas que producen, transportan y venden hortalizas y frutas), hablan de un 20 % y 30 % de merma “entre lo que bajan en las alcabalas y lo que se daña”.
Detalla, por ejemplo, que desde la ciudad de La Grita, en Táchira, estado fronterizo con Colombia, todas las semanas salen unos 500 camiones cargados con hortalizas.
En casos como el de esas zonas “altamente productivas”, han propuesto precintar las unidades de transportes y la creación de una unidad especial que se encargue de monitorearlos para que les garantice un estilo de “salvoconducto”, pero no han logrado su implementación.
José Alfonso Morales, productor agrícola del estado Mérida (a unos 755 kilómetros al suroeste de la capital), sostiene que un camión con hortalizas puede pasar hasta 30 puntos de control desde Bailadores hasta Caracas, y que, según los comerciantes, “aunque lleven todo en regla (…) muchas veces les ponen trabas en las alcabalas” y deben dejar bolsas con comida.
“Es inviable. Por qué tenemos que dejar algo si lo que estamos es trabajando. El presidente de la República ha hablado sobre el tema. Hacemos un llamado a las autoridades competentes, esto no debe existir, estamos trabajando, no estamos haciendo nada malo. No a ese atropello, a ese abuso de poder, porque eso encarece los costos y lo termina pagando los consumidores finales”, apunta en un video solicitado por la VOA.
VOA