Este lunes, 19 de febrero, el fiscal del régimen, Tarek William Saab se refirió a la detención de Rocío San Miguel y el caso denominado «Brazalete Blanco», presentando «documentos» que inculparían a la defensora de Derechos Humanos.
Saab la señaló como espía a través de relaciones públicas con miembros de las Fuerzas Armadas, para planificar acciones en contra de la soberanía nacional.
«¿Por qué usted tiene que reunirse con un representante de una superpotencia europea? Se trata de una información que no es de acceso público y menos de una ONG y que ha sido compartida. Se han conseguido intercambios similares a este con embajadas de 3 países más», dijo.
«El manejo de esta información es sumamente delicado, porque eso se reserva. Quienes tienen esas cualidades son agregados militares, eso no tiene nada que ver con defensores de derechos humanos. Dar información sensible es un elemento de convicción contundente“, expresó.
El fiscal del régimen añadió que entre los primeros detenidos estuvo Guillermo Enrique César Siero y en su vivienda localizaron una orden militar de operación donde explicaba todo el plan y también mencionaban a Rocío San Miguel, indicó el Fiscal General.
Lee también: Tamara Suju exige exámenes médicos para Anyelo Heredia y denuncia otras torturas
De igual manera, destacó que en el documento de Siero, se mencionaron a distintos medios de comunicación que recibirían la información enviada por Rocío San Miguel. Entre ellos, destacó a los periodistas Norbey Marín, Sebastiana Barráez y Tamara Sujú.
Entre tanto manifestó que la activista San Miguel estaría encargada de difundir todo lo que estuviese relacionado con la operación.
Asimismo, destacó que en el allanamiento de la casa de la Defensora de los Derechos Humanos, incautaron 18 mapas con ubicaciones de objetivos militares e indicó que las ubicaciones las obtuvieron con fuentes internas en la Fuerza Armada que estaban cooperando con la operación. Agregó que todos tenían coordenadas geográficas y puntos de interés sobre zonas militares.
También informó sobre dispositivos electrónicos que fueron retirados de su vivienda como protocolo de seguridad, por se sus familiares tienen medidas cautelares. Los aparatos electrónicos viajaron hacia La Guaira, Luego El Marqués y por último Higuerote.
ANYELO HEREDIA, OTRO DE LOS DETENIDOS
El fiscal del régimen expresó que Anyelo Heredia intentó ingresar al país el primero de enero de 2024 y dio a conocer que tras su detención han sido privadas de libertad 15 personas; y otras 4 tienen medida cautelar. Además, hay 15 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar.
«Intentó desde Estados Unidos ingresar a territorio venezolano para iniciar la escalada el primero de enero del año 2024 de esta operación terrorista denominada Brazalete Blanco y por ello fue detenido. En razón de su detención, han sido privadas de libertad posteriormente 15 personas, otras cuatro tienen medida cautelar. Hay 15 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar», dijo Saab.
Asimismo agregó que luego de realizar las pesquisas, encontraron que la defensora de Derechos Humanos se encontraba en el directorio telefónico de Heredia.
Lee también: Citgo aseguró que no participa en negociaciones por demanda de procesos legales
«Al momento de detener a Anyelo Heredia, las pesquisas encontraron no solamente entre sus contactos a Rocío San Miguel…» «¿Por qué aparece como contacto telefónico de coordinación en la agenda telefónica de un terrorista como este sujeto Anyelo Heredia la ciudadana Rocío San Miguel? Ya por ahí era un indicio de que nos llevó a encontrar otras razones posteriores que incriminaron a Rocío San Miguel en estos hechos».
Asimismo, indicó que el plan que tenía la defensora de Derechos Humanos era atacar a la brigada 21 ubicada en Táchira y del batallón negro primero, ubicado en la misma entidad, con el fin de apoderarse del parque de armas e iniciar un plan de ataque en Caracas.
LA EXPULSIÓN DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LA ONU
Sobre la expulsión de la oficina del alto comisionado de la ONU mencionó que la suspensión se debe a que su función dejó de ser técnica e inició su preocupación por expedientes de personas vinculadas a conspiraciones y que tenían órdenes de aprehensión que no tenían nada que ver con los derechos humanos.
“La oficina de la ONU no debería estar auditando expedientes, ni estar pidiendo informes sobre expedientes de bandas organizadas. Pidiendo hasta expedientes vinculados con homicidios, hasta solicitaron información del caso de Canserbero. Estaban pidiendo expedientes con la finalidad de desvirtuar investigaciones y las resultas de estas. Ellos fueron informados de la detención de Rocío San Miguel, pero a pesar de todo, seguían manteniendo la tesis de una desaparición forzada. Por eso el poder ejecutivo la suspendió”, indicó.