El Tribunal Supremo de Justicia legítimo (TSJ) informó que ante el nuevo atropello de la dictadura de condenar a 16 años de cárcel a seis sindicalistas por exigir sus derechos laborales, dio parte a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que tome cartas en el asunto.
«Notificamos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que ejerza la acción penal en contra de los responsables de los hechos denunciados como delitos de competencia de dicha Corte», informaron en un comunicado.
El régimen arremetió contra Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín. En un juicio en el que carecieron las pruebas, dictaminó que deberían pagar 16 años de cárcel.
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«Los trabajadores sindicalistas han sido objeto de violaciones a sus derechos humanos fundamentales», dijeron al respecto. Esto, señalan, incluye «detenciones arbitrarias, torturas y toda clase de tratos crueles e inhumanos».
«La aplicación de la teoría del “Derecho Penal del Enemigo” en su contra es una clara muestra de cómo el régimen pretende criminalizar la disidencia. También perseguir a quienes se atreven a alzar su voz por los derechos laborales y sociales», repudiaron.
Frente a ello, ratificaron que los derechos de los trabajadores son derechos humanos universales que deben ser respetados por el régimen.
«El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el respeto a la integridad física y moral de todos los ciudadanos. Estoy incluye a los trabajadores y a sus representantes sindicales», subrayaron.