Los miembros del panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Santiago Canton y Joanna Frivet, indicaron este martes que las «reformas institucionales de Venezuela perpetúan la impunidad y obstaculizan la rendición de cuentas».
Las observaciones de los miembros del panel se llevaron a cabo en una conferencia de presa en La Haya, donde presentaron su segundo informe.
El panel detalló que “las reformas institucionales propuestas en Venezuela son en gran medida superficiales y no abordan las causas profundas de la crisis”.
El documento también expone la preocupación del panel por el hecho de que estas reformas “protejan a los responsables ante la justicia nacional e internacional, perpetuando así la impunidad al más alto nivel. Esto indica una falta sistemática de voluntad política genuina para hacer que los responsables estatales, en particular los de alto nivel, rindan cuentas de sus actos, especialmente en lo que respecta a los crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.
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Frivet sostuvo que el panel «ha llegado a la conclusión de que las víctimas venezolanas siguen existiendo en un vacío legal sin derechos sustantivos a reparaciones”.
El panel destacó dos casos que “son ilustrativos del problema generalizado en Venezuela donde presuntos perpetradores son promovidos a posiciones donde están directamente involucrados en la reforma institucional y la relación del Estado con la CPI“:
A. Calixto Ortega, actualmente Embajador de Venezuela en los Países Bajos y Jefe de la misión diplomática de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, es magistrado de la Sala Constitucional y de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia desde diciembre de 2105. En su condición de tal, se le atribuye haber colaborado activamente en la comisión de crímenes de lesa humanidad de detenciones arbitrarias mediante decisiones judiciales que autorizaron la continuación de detenciones sin fundamento jurídico sustantivo, como en los casos de Gilber Caro y Juan Requesens, entre otros.
B. Diosdado Cabello, vicepresidente de la “Comisión de la Revolución Judicial” y actual vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), es considerado una de las personas que podría tener responsabilidad bajo la jurisdicción de la CPI como autor directo y coautor de crímenes de lesa humanidad de detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia sexual a través de órdenes dadas directamente al Director General del SEBIN, González López, quien de facto dependía de él.