Este martes, 13 de febrero, Alí Daniels, abogado de Rocío San Miguel, confirmó que aún la defensora de los Derechos Humanos se mantiene bajo estatus de desaparecida tras cumplirse 100 horas de su detención y pese a que haya sido presentada en tribunales la noche del 12 de febrero.
“Es una política de ocultamiento que se suma a las detenciones del señor de Margarita que publicó el video de Alex Saab y los 3 jefes de campaña regionales de María Corina Machado”, añadió.
Asimismo expresó que se desconoce aún el estado físico, las condiciones de su detención y el lugar donde se encuentra.
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«No sabemos ni las condiciones físicas de ella, ni las condiciones de su detención y no sabemos el órgano de seguridad del Estado ni el sitio dónde ella está. De modo que sigue configurándose lamentablemente la desaparición forzosa», indicó.
Según el abogado de San Miguel, al haber habido dos declaraciones oficiales del Estado venezolano y en ninguna dejaron claro cuál era su sitio de reclusión, sigue tomándose como una «desaparición forzosa».
«Además, el hecho donde haya habido dos declaraciones oficiales y en ninguna de ellas se haya dicho cuál es su centro de detención, ya indica que hay una política de Estado de ocultar dónde está ella y de no dar acceso a los abogados y a los familiares», manifestó.
ROCÍO SAN MIGUEL Y OTROS CASOS DE DESAPARICIÓN FORZOSA
Es de resaltar que, según Daniels, existe una gran preocupación debido a que la desaparición de Rocío San Miguel se une a otros casos de venezolanos que se encuentran desaparecidos y que, a su juicio, se trata de una «política de Estado de ocultar lo que está ocurriendo en Venezuela».
«Quisiéramos expresar nuestra más profunda preocupación porque además no se trata de un hecho aislado, ya vemos a un señor en Margarita que tampoco se sabe dónde está, tenemos los de Vente Venezuela que tienen ya varias semanas sin saber dónde están, es decir, se trata de una política de Estado de ocultar lo que está ocurriendo en Venezuela y lamentablemente con el hecho de que se hacen algunas actuaciones formales como la presentación o decir que las persona está detenida, se cree que el proceso se está cumpliendo con las normas constitucionales», añadió.
Asimismo, destacó que con las desapariciones forzosas se está violando el artículo 45 de la Constitución.
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«Recordemos que el artículo 45 de la Constitución señala que está prohibida la desaparición forzada de personas y además quisiera señalar que es el único artículo de la Constitución que dice que ese hecho implica que quien reciba la orden de hacer una desaparición forzada, debe negarse a cumplirla y en este caso, la Constitución es clara y expresa», dijo.
«Finalmente, con el tema de la presentación, el hecho de que haya ocurrido justamente dos horas después de que el abogado estuvo en el Palacio de Justicia hasta las 8:00 de la noche, sin que pudiera ejercer su derecho legítimo de representar a Rocío, habla de que se hizo con la intencionalidad de imponer un defensor privado y esto es sumamente grave porque todos tienen derecho a elegir la defensa que ellos quieren», puntualizó.
EL DERECHO A LA DEFENSA CONSULAR
Alí Daniels, abogado de Rocío San Miguel, destacó que pese a la presentación en tribunales con defensa pública, por tener doble nacionalidad (España) tiene derecho a defensa consular, pero con el precedente de los victimarios del caso de Canserbero, se presume que el Estado no se lo permitirá.
«Ella tiene doble nacionalidad. Es venezolana y tiene nacionalidad española. ¿Qué implica que ella tenga doble nacionalidad? Que ella tiene un derecho adicional de defensa que es la asistencia consular. Sin embargo, ya existen precedentes como el caso de los que ya han sido imputados por el asesinato de Canserbero que son de nacionalidad chilena y a los cuales se les negó el derecho al cónsul, es decir, el cónsul hizo presencia en el Tribunal y se le impidió poder tener acceso, a pesar de que son nacionales de su país.
«Entendemos que el consulado de España ya está haciendo su protocolo, pero que hasta donde sepamos, no ha habido ningún contacto. Rocío San Miguel tiene derecho a que el Gobierno de España le de asistencia legal y tenga acceso a ella, cosa que tampoco ha ocurrido», finalizó.
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