La ONG Espacio Público (EP) registró al menos 83 personas han sido «víctimas» de la Ley contra el Odio en más de 5 años, una norma promulgada en 2017 que castiga con penas hasta de 20 años de cárcel y amenaza con el cierre a medios y la ilegalización a partidos políticos que promuevan «el fascismo».
A propósito de conmemorarse el 18 de junio el Día para Contrarrestar el Discurso de Odio, la ONG aseguró que «la denominada Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia es usada para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder».
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El informe afirmó que entre las 83 personas a las que se les aplicó lo dispuesto en esta ley hay trabajadores públicos, periodistas y miembros de ONG.
«Durante más de 5 años, esta regulación ha justificado detenciones, allanamientos, procesos judiciales arbitrarios, agresiones físicas, hostigamiento, despidos por parte de instituciones públicas, entre otras acciones», aseveró la organización.
En este sentido, la ONG recordó que las respuestas de los Estados a los discursos de odio «deben ser graduales y diferentes», además de considerar el contexto político y social en el que se emiten este tipo de comentarios.
La Ley contra el Odio fue aprobada en noviembre de 2017 por la Constituyente chavista, luego de que fuera expresamente solicitada por Nicolás Madur, para acabar con los supuestos mensajes de «odio» que, según el oficialismo, dispararon una ola de protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.
Con información de EFE