Salvatore Mancuso Gómez, uno de los paramilitares más temidos en Colombia gran responsable de masacres, ahora será el gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro.
Preso en Estados Unidos (EE.UU.) por delitos de narcotráficos en 2008 es conocido por ser uno de los fundadores del grupo paramilitar de Autodefensas Unidas (AUC), junto a los hermanos Vicente y Carlos Cataño a medidas de la década de los 90.
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Oriundo del municipio Montería, Córdoba, es hijo de padre italiano que realizó estudios de ingeniería civil en la Universidad Javeriana y administración agropecuaria en la Escuela de Formación Técnica Agrícola (aunque no los culminó) y según un perfil suyo de la Fiscalía de Colombia. Estudió inglés en la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania, Estados Unidos, según el perfil en la Fiscalía.
Mancuso también fue un reconocido ganadero de la zona de Córdoba, en el norte del país y tiempo después ingresó al grupo paramilitar conocido como «Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá» –ACCU— donde ocupó el cargo de segundo comandante. Luego de que se consolidaran bajo un mismo grupo bajo las Autodefensas Unidas de Colombia, los dirigentes paramilitares Castaño lo nombraron como jefe del Estado Mayor de las AUC.
Los miembros de AUC están acusados de ser los principales responsables «de 47% de las víctimas letales y desaparecidos del conflicto armado en Colombia.».
De acuerdo al Informe Final sobre el Conflicto Armado del Centro Nacional de Memoria Histórica, «el paramilitarismo en Colombia ha causado heridas que siguen hoy sin sanar, marcadas por el terror y las acciones violentas concentradas, principalmente, en asesinatos selectivos, masacres y desapariciones forzadas».
Con ello se llevó a cabo la «parapolítica», donde el congreso colombiano fue elegido por el paramilitarismo «dado que ese porcentaje correspondía a representantes de zonas de influencia paramilitar donde los dineros del narcotráfico habían sido fundamentales para las campañas», según relató Mancuso.
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Sin embargo, durante el mandato del presidente Álvaro Uribe, Mancuso se desmovilizó con el Bloque Catatumbo de las AUC, junto con otros 1.400 hombres en diciembre de 2004, por lo que después fue sometido a la Ley de Justicia y Paz, que buscaba «facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados».
En este sentido, el tribunal de Justicia y Paz lo condenó en 2014, en ausencia, a 40 años de prisión, pero le concedió una rebaja de pena de ocho años, según las condiciones de la ley transicional después de la desmovilización.
¿DE QUÉ LO ACUSA COLOMBIA?
Mancuso es acusado por la justicia colombiana de múltiples crímenes, entre ellos un homicidio de persona protegida, desplazamiento forzado de población civil, reclutamiento ilícito, desaparición forzada, tortura en persona protegida, secuestro simple, acceso carnal violento en persona protegida, actos de terrorismo, destrucción y apropiación de bienes protegidos, violación de habitación ajena, amenazas, actos sexuales violentos en persona protegida, prostitución forzada tratos inhumanos y degradantes y experimentos biológicos en persona protegida, aborto sin consentimiento, secuestro extorsivo, según la sentencia.
También figura una acusación de abril de 2023 por la supuesta comisión de 4.071 crímenes que dejaron 6.552 víctimas en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Santander y Sucre.
Entre ellos, contabilizan 1.116 homicidios, 2.023 casos de desplazamiento forzado, 371 hechos de desaparición forzada, 28 delitos de violencia basada en género, 10 de reclutamiento ilícito y 523 asociados a otros delitos.
El Tribunal Superior de Bogotá, por su parte, imputó a Mancuso por 1.153 incidentes delictivos registrados en los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. En estos figuran 229 homicidios, 108 desapariciones forzadas y 690 hechos por desplazamientos forzados. La Fiscalía también imputó a Mancuso por las masacres de El Aro, La Granja y Pichilín.
Mancuso ha relatado en varias oportunidades detalles sobre asesinatos y masacres que ordenaron él y otros comandantes contra cientos de personas en diferentes zonas del país.
Y en declaraciones ante la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), reconoció la estigmatización a la que fueron sometidas «mujeres y a personas con identidad de género diversa, en función del control social que impusieron en la región».
EXTRADICCIÓN EN 2008 A ESTADOS UNIDOS
Para el 13 de mayo de 2008, Mancuso fue extraditado a EE.UU. junto con otros 13 altos mandos de las autodefensas que eran solicitados por narcotráfico en ese país.
La justicia estadounidense calificó a Mancuso de ser uno de los narcotraficantes más notorios» cuando lo condenó a más de 15 años de prisión por tráfico de drogas en 2015.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Mancuso era uno de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar que fue designado como terrorista por EE.UU. en 2001, y aprovechó su posición para introducir más de 100.000 kg de cocaína en ese país y en otras partes del mundo.
Fue condenado a 190 meses de prisión en junio de 2015 en un tribunal estadounidense. Se había declarado culpable de un cargo de conspiración para distribuir cocaína en octubre de 2008, el mismo año en que fue extraditado desde Colombia, según el Departamento de Justicia.
PETRO PONE SUS MANOS AL FUEGO
Las autoridades de Colombia han solicitado la extradición desde EE.UU. de Mancuso, quien busca obtener beneficios de la justicia transicional tras cumplir su condena por narcotráfico en Estados Unidos después de su extradición a ese país en 2008.
Y es que terminó de pagar su pena en EE.UU. en 2020 y desde entonces trata de definir su situación migratoria en ese país, según indicó la JEP en un documento en febrero de este año.
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En marzo, una jueza del tribunal de Justicia y Paz concedió libertad condicional a Mancuso por cuatro años una vez regrese a Colombia, que ha solicitado su extradición desde 2020.
Según Esteban Salazar, analista político de PARES, lo que vendría para Mancuso es una mediación, pero no en libertad, debido a que aún debe responder por delitos en Colombia y no tiene estatus político como el ELN y las disidencias que actualmente adelantan negociaciones de paz con el Gobierno.
A nivel político, el presidente Petro se apunta una decisión de gran astucia. Hace 20 años era impensable. El primr Gobierno de Izquierdas está comprometido con Paz Total al punto de involucrar como protagonistas a sus propios victimarios (+)
— Esteban Salazar G (@estebanalitic) July 24, 2023
Con información de CNN Español